Caso Audios: CDE se querella contra exfiscal Manuel Guerra y Luis Hermosilla por soborno, cohecho y revelación de secretos

El Consejo de Defensa del Estado informó que a través de la Procuraduría Fiscal de Santiago, interpuso una querella criminal contra el exfiscal del Ministerio Público Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, así como contra quienes resulten responsables, por su participación como autores de los delitos reiterados de soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto, sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en el denominado “caso Audio”.

La querella del CDE, interpuesta ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago, se dirige nominativamente contra Manuel Guerra y Luis Hermosilla, el último actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva, “quienes durante el período en que ejercieron una función pública y faltando a los deberes de su cargo, habrían mantenido constantes contactos abordando en variadas conversaciones asuntos de carácter reservado en casos como Exalmar, Penta, Dominga, entre otros, cuyas investigaciones y antecedentes eran secretos”.

En un comunicado del CDE se señala que “de acuerdo con los antecedentes contenidos en la investigación, el querellado Manuel Guerra “entregaba de forma permanente al querellado Luis Hermosilla información que era obtenida en razón de su calidad de Fiscal Regional, de las causas, conversaciones y decisiones internas respecto de las mismas al interior del Ministerio Público, directamente relacionadas y que afectaban investigaciones penales abiertas”.

Se agrega que “en este mismo contexto ilícito, adoptó en su calidad de persecutor resoluciones manifiestamente injustas, contrarias a derecho y con infracción a los deberes de su cargo”.

Lo anterior, en el contexto de una larga relación que habría permitido que Guerra en su calidad de Fiscal Regional adoptara decisiones “no por consideraciones técnicas o jurídicas, sino justamente en razón de la vinculación que existía entre los querellados, solicitando incluso, a cambio de sus gestiones, diversos beneficios económicos tanto para sí como para terceros”, sostienen desde el CDE.